Si el Estado debe garantizar una respuesta eficaz frente a la violencia contra las mujeres, es importante tener en cuenta el papel relevante de los profesionales que deben interpretar y aplicar las normas jurídicas. Asistir, defender, acusar y juzgar con perspectiva de género. Pero parece que muchos de los profesionales, a día de hoy, siguen adoleciendo de formación y sensibilidad suficiente para abordar esta lacra social.
Considero que en este aspecto una formación específica debería ser obligatoria y la Administración debería comprometerse a ello.
